Los corredores y promotores de bienes raíces en Panamá, se enfrentan a una nueva regulación. Hace dos meses, fue publicada la Ley Número 23 del 27 de abril de 2015, la cual establece medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva. La norma incluyó 31 nuevas actividades y ahora son controladas y supervisadas por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dentro de estas actividades, se incluyó a los corredores de bienes raíces, quienes pasarán a ser sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la Intendencia.

Corredores de bienes raíces – Datos Gogetit

* A raíz de esta normativa, desde este sector aseguran que perciben mayores exigencias por parte de los bancos en cuanto a la información que solicitan de sus clientes.

* Los bancos exigen a los extranjeros tener cuenta bancaria en Panamá por mínimo seis meses —si no residen en Panamá— y referencias bancarias en el extranjero; además de los estados financieros del país de origen de los fondos.

* Al ser ciudadano panameño, es más fácil la justificación de referencias porque se corroboran de forma más expedita. La diferencia con el consumidor local está en los porcentajes de financiamiento, plazo y tasas dentro de los parámetros estándares. Al panameño se le da 90% de financiamiento en residencial y 70% en comercial.

La nueva normativa que establece medidas contra el blanqueo de capitales, ha generado cierto impacto entre los corredores de de bienes raíces. Al momento de comprar o invertir en una propiedad, son más los requisitos que se exigen para evitar inversión de fondos ilegítimos en el mercado inmobiliario.

Según información publicada por el portal Martes Financiero, y de acuerdo a declaraciones ofrecidas por Katherine Shahani, presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces (Acobir), a los clientes extranjeros se les exigen más requisitos que a un local; no obstante, se necesitan esfuerzos para evitar el blanqueo de capitales.

Como corredores de bienes raíces “lo que más nos ha afectado es el filtro de los bancos. Ahora el banco está restringiendo un poco y esto nos limita la esfera de clientes. Sin embargo, es un tema de país y lo que se quiere es que los fondos que se invierten en el sector inmobiliario, sean fondos legítimos”, afirma Shahani.

Al momento de invertir en una propiedad, generalmente se otorga un 70% de financiamiento en bienes residenciales y el 50% en comerciales. Si la persona vive en Panamá por un período mayor a dos años, es tratada como residente y se le podrá otorgar hasta el 90% en residencial y hasta el 70% en comercial, siempre y cuando presenten depósitos o transferencias a cuenta a título personal en Panamá, estados financieros, carné migratorio, declaración de renta, referencias bancarias locales y en el extranjero, referencias comerciales locales e ingreso familiar local.

Los bancos, y sus analistas de crédito, tienen como deber principal el estudio de la historia de bienes y fondos adquiridos previamente por el comprador en Panamá y en el extranjero. Katherine Shahani añade: “Hay bancos que han tomado la decisión de no prestar a clientes extranjeros. Hay veces que el extranjero no tiene manera de sacar el dinero del país de origen por temas de cambio de moneda o asuntos políticos. También se les hace muy difícil convertir los estados financieros del país de origen de moneda local a dólar, lo cual les devalúa su poder adquisitivo. Por ende se les hace más costoso demostrar su estándar de vida en el extranjero en comparación con Panamá.

La subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlamara Sánchez, explica que “incluir a los corredores de bienes raíces entre las actividades supervisadas por la Intendencia, era importante porque a raíz de varios informes y estadísticas de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional, han traído como resultado que varios componentes y actores del sector inmobiliario, son vulnerables y son un vehículo para introducir dinero ilícito dentro del sistema”.

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